Sobreconcesión del agua en México

Hace algunas semanas surgió cierta polémica acerca de la privatización del agua en nuestro país, a raíz de los diez decretos presidenciales emitidos el 6 de junio. Algunos estaban realmente indignados por el suceso, mientras otros afirmaban que tal acontecimiento no daba pie a su privatización, pero ¿cuál es el estado actual de nuestro recurso natural verdaderamente?

Primeramente debemos tomar en cuenta algunos conceptos clave para tener un mejor entendimiento del tema:

  • Privatización es un mecanismo mediante el cual el Gobierno hace que una industria o una actividad deje de formar parte del ámbito público, siendo transferidas o traspasadas por el estado hacia empresas u organizaciones privadas[1].
  • Concesión es un acto administrativo por el cual se le concede a un particular el manejo, explotación y aprovechamiento de bienes de Dominio del Estado[2].
  • Zonas de veda son aquellas áreas en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos.[3] Pueden haber vedas totales, donde no se permita explotación alguna; o vedas parciales que permitan explotación para algunos usos.
  • Zonas de reserva son aquellas áreas en las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública.[4]

El agua es un bien de uso común que no puede ser propiedad de ningún particular, sin embargo, al tratarse de aprovechamiento y explotación de dicho recurso, el gobierno mediante el Poder Ejecutivo, puede otorgar concesiones a través de la Comisión Nacional del Agua u Organismos de Cuenca.

Para lo anterior, se deben considerar en un estudio técnico algunos aspectos: 1)que sea de interés general, asociado con el bien común de todos; 2)que asegure un buen uso y aprovechamiento del recurso, 3)no caer en monopolio y 4)respetar las zonas proscritas por la ley. Todos los anteriores rara vez se cumplen.

“Pese a las disposiciones legales, en 2007 CONAGUA otorgó 5,416 títulos de concesión para explotar aguas subterráneas; de ese total, sólo el 7.1 por ciento se emitieron con base a esos estudios, mientras que el 92.9 por ciento se otorgaron sin que existieran los estudios correspondientes”[5].

Es decir, si no se cumplen tales requisitos que en sí mismos promueven el beneficio de todos, no se entrega la concesión. El problema radica en que las personas responsables de vigilar el cumplimiento de éstos, ni siquiera los realizan.

Obligaciones de los concesionarios

Ahora repasemos brevemente solamente dos obligaciones que tienen los concesionarios según el artículo 29° de la Ley de Aguas Nacionales[6]:

Art. 29° IV: Pagar puntualmente conforme a los regímenes que al efecto establezca la Ley correspondiente, los derechos fiscales que se deriven de las extracciones, consumo y descargas volumétricas que realice en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que le hayan sido concesionadas o asignadas (…)

Respecto a esta fracción, debemos tomar en cuenta que la mayor parte de los concesionarios son empresas transnacionales que no pagan, o pagan la menor cantidad posible y fuera de tiempo. Esto representa una pérdida económica para todos y una marcada desigualdad a comparación de lo que a estas empresas les cuesta conseguir su materia prima. No obstante, hay una sanción consistente en la suspensión en caso de incumplimiento o revocación si es que existiese incidencia.

Art. 29° XIV: Realizar las medidas necesarias para prevenir la contaminación de las aguas concesionadas o asignadas y reintegrarlas en condiciones adecuadas conforme al título de descarga que ampare dichos vertidos, a fin de permitir su explotación, uso o aprovechamiento posterior en otras actividades o usos y mantener el equilibrio de los ecosistemas .

Este artículo al parecer es el que menos importa a las personas involucradas. Tal es el caso del Río Santiago que corre por Jalisco y Nayarit, ahora altamente contaminado con 101 químicos a causa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado. Esta catástrofe impactó gravemente en la vida acuática y en las personas que habitan en los pueblos El Salto y Juanacatlán, pues muchas de estas sustancias son cancerígenas y pueden incluso provocar malformaciones en fetos.

Así como en la fracción anterior, también tiene sanción en caso de incumplimiento que puede ser el pago de los derechos correspondientes a las descargas realizadas, o suspensión o revocación de la concesión. Pero ¿estas sanciones se aplican en las concesiones que involucran más intereses?

Tras la mención de únicamente dos fracciones de un solo artículo de un capítulo de la ley podemos ver que su mala observancia y aplicación han traído consecuencias lamentables. Asimismo este problema no es exclusivo de estos últimos meses, sino que reside en la ley misma desde su creación.

¿Qué pasó en junio?

Ahora bien, respecto a los decretos presidenciales de junio podemos decir que tampoco son benéficos para México. Lo que se hizo fue suprimir las vedas existentes, que a partir de las anteriores definiciones se deduce son más estrictas que la figura de la reserva, en 300 cuencas del país para establecer una reserva del 35% de esa agua; por lo tanto el 65% restante se concesionará. En ningún otro momento del gobierno se habían suprimido tantas vedas en tan poco tiempo.

Desde luego no es privatización, (aunque puede darse como consecuencia de este modelo concesional) sin embargo este proceso ha causado la sobreexplotación, contaminación y desabasto de nuestras aguas gravemente, así como violación a Derechos Humanos. Sin mencionar que mucha cantidad del agua concesionada en estos años será utilizada por las industrias minera e inmobiliaria, y para el fracking, que como es sabido es un método depredador para la Naturaleza.

Pero entonces ¿por qué estuvieron presentes organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza? Porque para ese 35% de zona de reserva se establecieron lineamientos de manejo, protección y conservación.

¿La llegada de un nuevo gobierno puede echar para atrás este proceso? Lo que se puede hacer es verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, y que en caso de ser irregulares las revoquen. Cabe mencionar que ya sean concesiones subterráneas o superficiales tienen una duración desde 5 a 30 años.

A partir de este breve análisis del suceso, concluimos que no se trata únicamente que en un tiempo futuro se privatice o no el agua, ni si se difundió la noticia en tiempos de futbol o si es asunto de “chairos”: Se trata de un tema que está ocurriendo ya desde hace años y que conlleva una injusticia de tamaño gigantesco que como ciudadanos no podemos evadir ni mucho menos permitir. Tenemos las herramientas necesarias para contribuir a que la ley se modifique, para exigirle al gobierno que vea primero por el interés general antes que el privado. Somos excelentes organizándonos, ¿por qué no hacerlo esta vez si se trata de nuestra fuente de vida? Se necesita protesta e iniciativa ciudadana a través de nuestra politización y conciencia social.

 

 

[1] http://economipedia.com/definiciones/privatizacion.html

[2] Fraga, Gabino. Derecho Administrativo, 41 ed., Ed. Porrúa, México, 2001, p. 242.

[3] Ley Nacional de Aguas. Art.3° LXV

[4] Ley Nacional de Aguas. Art.3° LXIV

[5] Egremy Nydia (2009). “Excesos de concesiones provoca la crisis del agua”. Revista Fortuna, 15. Mayo, 2009, México.

[6] Ley publicada en el DOF en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Autor: Daniela Montero

Estudiante de Derecho, éste como herramienta para la transformación social.

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