La maternidad subrogada como un problema ético y político a través de una perspectiva feminista

La reproducción asistida es una práctica médica que si bien no es reciente ha abierto en los últimos años una gran cantidad de debates dentro del mundo médico, político, ético y feminista acerca de su naturaleza y, por ende, de sus beneficios y perjuicios en caso de la legalización y ejecución de este método en varios países. Ésta vez México resultó no ser la excepción y se unió a la discusión.

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El pasado 15 de noviembre del presente año, la senadora perteneciente al partido MORENA, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presentó una iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana asistida ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, donde explicó de manera detallada los antecedentes científicos, tecnológicos e históricos de los procedimientos de reproducción asistida en el mundo, así como también el estado jurídico y social actual de esta materia en México y en otros países -primer mundistas como Estados Unidos y Reino Unido, cabe aclarar-. El proyecto afirma que la infertilidad humana es cada vez más común y que ante este inminente problema de salud pública la ciencia ha desarrollado soluciones que van a la par de las necesidades de la modernidad. Una de las causas de la infertilidad en humanos es el ajetreo de la vida moderna y los vicios que la acompañan, por ejemplo; el tabaquismo, alcoholismo y la drogadicción, afirma la senadora, y que gracias a ésta serie de situaciones los embarazos concluidos en éxito y la fertilidad humana se han reducido.

“Tan solo en el caso de México se tiene información de que se practican anualmente mas de 8o mil procedimientos de reproducción humana asistida”

El proyecto está respaldado por leyes internacionales de derechos humanos y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se garantiza el derecho de los individuos a la libre decisión reproductiva, a fundar una familia, a la igualdad, a la no discriminación, a la salud y al beneficio colectivo de la ciencia. Pero, ¿cuando hablamos de garantizar derechos y del beneficio colectivo nos referimos en serio a la colectividad? o ¿será que acaso hablamos de aquel pequeño grupo élite privilegiado que puede costear y someterse a este tipo de procedimientos sin tener que poner su integridad física y dignidad en riesgo?  

La legalización y regulación de las diferentes técnicas de reproducción asistida como el coito programado, la inducción de ovulación, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia de óvulos fecundados, la transferencia intratubárica de gametos u óvulos fecundados, la criopreservación y donación de ovocitos y óvulos fecundados y la maternidad subrogada implican, dice el proyecto, la protección del ejercicio de los derechos antes mencionados y la sanción de crímenes que atenten contra la salud e integridad de los individuos involucrados en estos procedimientos. Dice, además, que la no regulación afecta no sólo a los pacientes sometidos a tratamientos médicos reproductivos, sino que también deja impunes a aquellas personas que en aras de aprovecharse de la clandestinidad practican sin la preparación y conocimiento suficientes.

En 1974 después de una ola internacional de popularidad sobre los métodos anticonceptivos se reformó el 4º artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho a la libre decisión reproductiva.

Hasta ahora parece que el interés principal de este proyecto es atender un problema de salud pública que afirma va en ascendencia y hay que solucionar a la brevedad y para ello propone modificaciones y adiciones a la Ley General de Salud, pero ¿por qué es éste proyecto deplorable y cuestionable en todos los aspectos? Simple, porque no se puede regular la reproducción asistida -particularmente la maternidad subrogada- en un país donde la mayoría de mujeres que aceptan someterse a este tipo de procedimientos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, social y emocional y son generalmente manipuladas para ‘aceptar’ contratos injustos que tienen la capacidad de modificar las condiciones del mismo según las preferencias de aquellos que alquilan el vientre y además estipulan medidas punitivas en caso de que la gestación no se lleve como espera el comprador; coartando así el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y, más importante aún, procesos reproductivos al someterlos a una compraventa de servicios. Sin mencionar que la maternidad subrogada es considerada como un método de control sexual y no como un método de reproducción asistida, porque las mujeres no somos en ningún momento y bajo ninguna circunstancia máquinas productoras de hijos ni incubadoras en virtud de compradores. Cuando las mujeres dejan de ser ellas las que deciden sobre el proceso de gestación, de cómo llevarlo o si hay posibilidad de detenerlo, se confirma el control sexual ejecutado en la mujer, porque entonces se niega el derecho al aborto que, por cierto, ni siquiera es legal en todos los estados de la República.

Los anhelos de unos cuantos no pueden sobreponerse ante los derechos de las mujeres  que de por sí  ya somos oprimidas por el heteropatriarcado capitalista, no se puede causar violencia obstétrica al mercantilizar nuestra capacidad de procrear. El deseo de maternar o paternar no puede, ni debe confundirse con el derecho a fundar una familia, hay que establecer los límites y no seguir oprimiendo al oprimido. Si se quiere formar una familia no se debe argumentar en favor de la vida mientras se desvirtúan otras maneras de vivir y de ser.

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Autor: Mariela Rocha

Estudio literatura y filosofía. Me interesa el pensamiento del no-ser. Feminista interseccional casi siempre radical.

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