Narco-Estado

El narcotráfico, actividad ilícita considerada como la tercera industria más lucrativa del mundo (https://bit.ly/2W0tIHA), consistente en el comercio de sustancias nocivas que, gracias (en gran parte) a las grandes organizaciones delictivas, han sido estigmatizadas por el sector más conservador de la sociedad como un gusto para la gente pobre, sin “educación”, con traumas y frustración, gente más propensa a delinquir. De una posible legalización y regulación de drogas, ni les hables, eso llevaría al caos.

Conscientes de estas arraigadas ideas, quienes en México aspiraban a la Presidencia como abanderados de la derecha, prometían un combate implacable a la delincuencia organizada. En 2006, Felipe Calderón Hinojosa contendió como candidato del ultraconservador Partido Acción Nacional, y pretendía demostrar que a los cárteles de la droga solo se les podía enfrentar mediante las armas.

Vestido de militar, Calderón sacó a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles y declaró la guerra a las drogas. Como resultado, no solo aumentó la violencia (https://bit.ly/2xY7kDx), además, después de 12 años, se confirmó lo que era un secreto a voces: que a los gobiernos anteriores no les interesaba realmente acabar con el narcotráfico y con la violencia, ya que entre ambos “bandos” había colusión.

“Esta guerra (…) está destruyendo el último reducto que le queda a una nación: el tejido social. ¿Qué mejor guerra para los Estados Unidos que una que le otorgue ganancias, territorio y control político y militar sin las incómodas ‘body bags’ y los lisiados de guerra que le llegaron, antes, de Vietnam y ahora de Irak y Afganistán?”

 

—Subcomandante Marcos (https://bit.ly/2TYb1T1)

Comenzó en noviembre de 2018, semanas antes de la salida del poder por parte de Enrique Peña Nieto, cuando en el juicio que enfrenta Joaquín El Chapo Guzmán Loera, la defensa del capo sinaloense aseguró que la organización que dirigía, el Cártel de Sinaloa, sobornó a Peña Nieto y a su antecesor, Calderón:

“El abogado Jeffrey Lichtman le aseguró al jurado que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es Ismael ‘el Mayo’ Zambada, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, y que ha pagado ‘al actual y al anterior presidente de México… millones de dólares en sobornos'” (https://bit.ly/2DDU2RH)

Además, Jesús El Rey Zambada, hermano de El Mayo, dijo haber corrompido también a Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón (https://bit.ly/2KmK47Q). Sin embargo, esto no se quedó en los dos sexenios anteriores. Alan Feuer, periodista de The New York Times, que ha hecho una excelente cobertura del juicio, publicaba en el periódico más importante de Estados Unidos sobre el testimonio de Vicente Zambada Niebla. Conocido como El Vicentillo, se trata del hijo de Ismael El Mayo Zambada.

“Zambada también testificó que el presupuesto para sobornos de su padre era a menudo hasta de un millón de dólares al mes. Un general del ejército que trabajaba como funcionario en la Secretaría de la Defensa Nacional de México ganaba una cuota mensual de 50.000 dólares de parte del cártel, recordó Zambada. También dijo que su padre sobornaba frecuentemente a un militar que alguna vez fungió como escolta personal de Vicente Fox, expresidente de México.” (https://nyti.ms/2APJyMb)

Lo documentado por Feuer se vio respaldado y complementado por la nota que publicó Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso, en la edición impresa 2201, titulado “Juicio al ‘Chapo’: ‘El Vicentillo’ compromete a militares de tres sexenios”, del cual me permito extraer lo siguiente:

“El jueves 3, al celebrarse la primera audiencia de 2019 en el juicio contra ‘El Chapo’ en la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, la fiscal federal Amanda Liskamm guió con sus preguntas a ‘Vicentillo’ hasta hacerlo nombrar a algunos militares sobornados por él o por su padre, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García.

 

El testigo del Departamento de Justicia nombró al general Humberto Eduardo Antimo Miranda, exoficial mayor de la Sedena (en el gobierno de Felipe Calderón), y al coronel Marco Antonio de León Adams (jefe de seguridad de Vicente Fox), como los militares comprados por el Cártel de Sinaloa.

 

Faltaba otro, el general de división y exjefe del Estado Mayor Presidencial Roberto Francisco Miranda Moreno (jefe del EMP en el gobierno de Ernesto Zedillo), cuyo nombre soltó ‘El Vicentillo’ durante el interrogatorio al que lo sometió el viernes 4 Eduardo Balarezo, uno de los tres abogados de Guzmán Loera.”

En la misma edición de Proceso, encontramos el reportaje “Altos mandos de Zedillo y Calderón y el jefe de seguridad de Fox, en la nómina del narco”, de Jorge Carrasco Araizaga:

“El juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en Estados Unidos se está convirtiendo en una causa contra los gobiernos del PRI y del PAN. Desde expresidentes hasta generales, miembros del desaparecido Estado Mayor Presidencial y poderosos jefes policiales han sido mencionados como parte de una extensa red de protección al Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas.”

Pero la bomba estalló esta semana, cuando Alexander Cifuentes, capo colombiano que trabajó con El Chapo, declaró en audiencia que su socio mexicano aportó dinero de procedencia ilícita a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, así como un soborno que tal vez le pareció insuficiente al hoy expresidente:

“Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera contribuyó con dinero procedente del narcotráfico a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y, cuando ya era presidente electo, le pagó un soborno de 100 millones de dólares, aunque el priísta había solicitado 250 millones, reveló este martes un capo colombiano.” (https://bit.ly/2De2Ps4)

A raíz de esta subida de tono en las acusaciones, Jenaro Villamil escribió:

“‘El Vicentillo’ reveló que Guzmán Loera mantuvo contactos con agentes de la DEA cuando estuvo prófugo de la justicia en 2007, en plena ‘guerra’ de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga. Según el relato de Zambada Niebla, la DEA buscaba información del Chapo para atacar a sus adversarios. Incluso, el propio ‘Vicentillo’ sostuvo encuentros con la DEA hasta dos horas antes de su detención en abril de 2009.

 

No fue ésta la única vez que los integrantes del cártel más poderoso durante los últimos 12 años decidieron ‘negociar’ información con la DEA o con agentes del FBI. Ninguna de las partes ha querido ahondar en este terreno pantanoso que convierte a la propia agencia antidrogas de Estados Unidos en uno de los actores centrales en esta trama que ha dejado miles de muertos en territorio mexicano.” (https://bit.ly/2VX4Ksz)

Así fue como la DEA y el FBI siguieron los pasos de El Chapo, y de paso, buscaron información privilegiada sobre cárteles enemigos. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha avalado al nuestro, que a su vez es financiado por quienes dicen combatir, con lo que demuestran que en ese lado del río Bravo, tampoco les interesa que se termine con el narcotráfico.

“El Departamento de Estado de Clinton pasó por alto violaciones a los derechos humanos y corrupción, mientras mantenía un lucrativo flujo de contratos para empresas de seguridad estadounidenses que operaban en México.” (https://bit.ly/2DiB2XL)

Tal como lo evidencia RT, aquí hay intereses que trascienden fronteras:

“En las últimas semana, el juez Cogan también determinó que la defensa no puede hablar sobre la Operación Rápido y Furioso, mediante la cual el Gobierno de EE.UU. entregó armas a los cárteles de la droga, sin conocimiento del Gobierno de México.

 

(…) Otro de los temas que ha brillado por su ausencia durante el juicio contra el ‘Chapo’, es la manera en que ingresaron millonarias sumas de los cárteles de la droga en bancos estadounidenses.

 

Aunque una investigación del Senado y el Departamento de Justicia de los EE.UU. ha establecido que cientos de millones de dólares, provenientes de los cárteles mexicanos, fueron a parar a los bancos Wachovia y HSBC, hasta el momento no se han presentado pruebas sobre este hecho en el juicio contra Guzmán.” (https://bit.ly/2s8bzd5)

Mientras a Venezuela, por ejemplo, se le acusa de “narcodictadura” (https://bit.ly/2RXU1Pa), siendo esto suficiente para “no descartar” una invasión a aquel país (https://bit.ly/2Mj74FJ), existen jefes de Estado —como los de México, e incluso Honduras (https://bit.ly/2DikzTf)— que pueden tener nexos con los delincuentes más buscados del mundo, pero no puedes mencionar eso porque esos gobiernos gozan del cobijo de Washington, ¿o por qué motivo el juez Cogan ha insistido en que no se mencione la colusión de los delincuentes con autoridades mexicanas y estadounidenses?

Con las declaraciones hechas en el juicio de El Chapo, verídicas o no —personalmente, no tengo motivos para no creerlas, dada la merecida falta de credibilidad de los expresidentes—, a muchos nos parece suficiente para que en México se inicien las investigaciones correspondientes.

¿Qué opinas tú?

Autor: Alfredo Ruiz

Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Director de Difusión Cultural del Club de Oratoria y Debate de la Facultad de Derecho. Sígueme en Twitter e Instagram: @alfredorzmz

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