DEFERENCIA TÉCNICA

La deferencia técnica es un concepto que opera en el sistema estadounidense, se define como la capacidad de ser deferente con la postura de una agencia administrativa, esto involucra otorgarle el poder para determinar el sentido de una ley.

Así mismo se llama agencias a aquellas instituciones que forman parte de la administración pública federal estadounidense, su función es coadyuvar al poder ejecutivo en diversas tareas de desarrollo de las atribuciones y funciones gubernamentales, se homologa a la figura de “Secretarías de Estado” en México cuyas funciones pueden ser esenciales, complementarias, coyunturales o emergentes;  respecto de las agencias independientes, encontramos su relación con los Órganos Constitucionales Autónomos, cuya labor es decisoria en nuestro país, en cuanto al desarrollo de directrices económicas, políticas y sociales, además del fortalecimiento democrático de las actividades que regulan al sistema federal.

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Dichas agencias son muy respetadas tanto por la Corte como por los Tribunales cuando de interpretación se trata debido a la especialización en la materia que representan, ya que su grado de tecnicidad y experticia permiten una visión objetiva en aquellas decisiones administrativas donde indefectiblemente está inmerso el control judicial, pero ¿cuándo se ven rebasados?, en efecto, cuándo opera la deferencia técnica, por tanto, ¿cuándo opera la deferencia técnica?

  • Cuando se tiene una pericia especializada.
  • Si el cuestionamiento concierne a aspectos detallados del programa de la agencia o de su organización interna.
  • Si tiene poca relevancia en general
  • Si la agencia administrativa ha abordado la cuestión con especial cuidado.
  • Si el lenguaje de una ley es ambiguo (con ciertos matices).

El límite de sus facultades radica en la ley del Congreso, donde especifica ya sea de manera tácita o expresa, que se deben equilibrar interés contrapuestos.

Por un lado, el tribunal no debe reconocer a la agencia administrativa más facultades que las conferidas por el congreso ya que de hacerlo, limitaría el poder de los ciudadanos para manifestarse en contra de las acciones gubernamentales que afecten sus intereses a través del voto; por el contrario, no debe reconocerle menos facultades establecidas por la ley del Congreso, ya que los ciudadanos verían lesionado el depósito de su confianza, ante la insatisfacción del cumplimiento de los objetivos prometidos, lo anterior nos remite a otro concepto, que entraña a sí mismo la justificación del límite explícito dentro de la ley del Congreso, reflejado en la experiencia comparativa.

EXPERIENCIA COMPARATIVA

La experiencia comparativa constituye parte del sistema práctico de deferencia, donde el silencio por parte del Congreso es interpretado según la Corte como “la facultad que tienes los tribunales, en virtud de la capacidad potencial de las agencias administrativas para resolver el problema por estar mayormente especializadas”.

No obstante, si el tribunal se encuentra en una mejor posición para resolver el problema, no cabrá la deferencia por la experiencia comparativa.

Este enfoque es consistente con los objetivos democráticos de la Constitución, puesto que reconoce la facultad del Congreso para determinar cuánto poder delegar a las agencias, no obstante, únicamente se ciñe a la correcta aplicación de la ley, es por ello que intervienen los tribunales en contubernio con el poder legislativo ya que se le permite a las agencias intervenir en aquellos asuntos de su competencia siempre y cuando obedezcan a los limites expresos y tácitos establecidos en la ley del Congreso, permitiendo de esta manera una mejor ejecución en cuanto a la aplicación de las leyes, fortaleciendo el sistema de división de poderes en la práctica, aunada a la aceptación popular de las decisiones de la Corte.

La experiencia comparativa de las agencias administrativas se va construyendo con el devenir del tiempo, en un inicio comienzan con poco conocimiento, pero poco a poco van aprendiendo e investigando por meses inclusive años, además de consultar a expertos externos, preguntándole al público en general y buscando información  de colegas u otros organismos, es decir, su formación es completamente integral, permitiéndoles tomar decisiones técnicas y elaborar criterios técnicos basados en lo aprendido; a comparación de los tribunales, los jueces se ven impedidos en ir más allá del expediente  por lo limitado de su tiempo para resolver los casos, impidiéndoles profundizar en la materia, pudiendo únicamente ceñirse a la respuesta  de los argumentos de los abogados por cuestiones de tiempo.

Así mismo la figura de la deferencia técnica tiene sus bemoles, estos radican enla aplicación literal lo que da como resultado una anomalía democrática, que da a las agencias la facultad para resolver prácticamente todas las ambigüedades de una ley, reflejando en sus decisiones una “visión túnel” consistente en el convencimiento absoluto sobre la importancia de su propia misión hasta el punto de abandonar el sentido común.

Por consiguiente, la población acude con mayor anuencia a los tribunales para tener mayor certeza en cuanto a la equidad y racionalidad de las decisiones de la agencia.

¿Dónde radica la anomalía democrática?, Caso Cherokees.

La Corte pese a establecerse como una institución garante en el cumplimiento del texto constitucional, ha demostrado no ser totalmente objetiva e imparcial, dejando entrever en diversos casos que llega a obedecer a poderes del Estado, con mayor asiduidad al poder ejecutivo.

Esto se ejemplifica en el caso Cherokees, dónde la Corte determino hacinar a este grupo nativo indio en Carolina del Sur, específicamente en la parte de Oklahoma, dónde aproximadamente 17,000 Cherokees durante el trayecto conocido como el “Sendero de las lágrimas” (y donde también muchos murieron) fueron obligados a partir, ya que se les expulsó de Georgia.

Esta tribu milenaria, ayudo a los ingleses en la guerra de independencia, por ello se acordó que se respetarían las tierras que el gobierno federal no hubiera repartido, así mismo como su organización interna y legislación, dotándolos de cierta autonomía por el privilegio de ser los primeros pobladores del país.

por visittheusa.com

Sin embargo, esto poco importo, con el devenir del tiempo los vecinos de Georgia, al ver las grandes riquezas minerales que tenía el pueblo Cherokee, comenzó a penetrar en su territorio y a exigir a las autoridades el traslado de la tribu a la parte oeste.

Ningún presidente atendió estas peticiones, hasta que en 1829 se encontró oro en el territorio, fue en este momento cuando los vecinos de Georgia encontraron a su principal aliado, el presidente Andrew Jackson, quién consintió con la ley de expulsión emanada del congreso (que claramente tenía como objeto hacer valer legalmente la postura del presidente), la penetración y traslado de los indios, debido a un anuncio público que hizo respecto de la retirada de las tropas federales quienes vigilaban y protegían al pueblo Cherokee, estableciendo de esta manera su apoyo total para los colonos, rompiendo la legislación Cherokee, importándoles un bledo la asamblea y pasando por alto la autoridad de su representante, quien era John Ross , además de establecer el arresto para aquellos que se resistieran a partir al oeste.

La tribu buscó una instancia que velará por sus derechos y lo establecido en la constitución, es así como llega el caso a la Corte bajo la representación del abogado William Wirt quien se desempeñó como procurador general de los estados unidos, sin embargo la Corte no admitió la competencia con fundamento en que, el territorio Cherokee al gozar de autonomía en su organización interna y respecto de su área limítrofe, no podía conocer del asunto, ya que su competencia solo obedece a conocer de asuntos de un estado parte.

Posteriormente encuentran su oportunidad con el arresto del misionero Samuel A. Worcester, quién se negó a obedecer la legislación local de Georgia respecto de declarar bajo juramento sujetarse a las leyes estatales, por lo tanto, un tribunal local lo condeno a cuatro años de trabajos forzados; llega a la Corte y se apeló que la aplicación de la legislación penal del estado de Georgia, respecto de un integrante de la tribu Cherokee, era contraria a Tratados Internacionales firmados por los Estados Unidos, considerados como Ley Suprema de la Constitución.

La corte admitió el caso Worcester vs Georgia, dónde el fallo fue a favor de Worcester, sin embargo, el cumplimiento a la sentencia nunca se llevó a cabo, puesto se le volvió a arrestar bajo el argumento de que se le estaba resguardando para resguárdalo por los tratados, cabe destacar que la detención ocurrió mientras Worcester realizaba un deber de política humanitaria que el propio congreso le había recomendado.

Posteriormente en marzo de 1832 la Corte ordeno su liberación, así mismo los abogados lo solicitaron al juez local, pero este se negó, por lo que la respuesta fue acusarlo de la “usurpación de la autoridad federal”, ante esto el presidente volvió a mostrar su apoyo a los colonos bajo la justificación de que la legislatura estatal podía expandir la jurisdicción de sus leyes a todas las personas que vivieran dentro de las fronteras estatales (esto incluía a los Cherokees).

Con el paso del tiempo el presidente Andrew Jackson se dio cuenta la gravedad de haberle otorgado potestad a los estados ya que ponía en velo la preservación de la unión, esto en virtud de que el estado de Carolina del Sur estableció un “decreto de nulidad” para apagar las contribuciones a la federación, además de exigir a todos los tribunales locales ceñirse a la legislación estatal y no a la federal y prohibir presentar apelaciones ante la Suprema Corte ya que incurrirían en desacato.

Por lo que Andrew Jackson se ve obligado a el 10 de diciembre de 1832 en alianza con Daniel Webster la promulgación de la Iniciativa del Uso de la fuerza, donde se le otorgaba poder al ejecutivo para recurrir a las tropas federales con el objetivo de hacer cumplir las leyes federales.

Carolina del sur comprendió y derogó el “decreto de nulidad”, así mismo Wirt volvió a presentar el caso de Worcester ante la Corte, pero inteligentemente el gobernador de Georgia le otorgó un indulto a Worcester, incluso la Junta de Conciliación de Misiones para la que trabajaba Worcester se lo solicitó y de esta manera fue liberado, no obstante, obedeciendo y acatando finalmente a un mandato de la Corte por debajo del agua.

Finalmente, la diáspora de Cherokees fue desgarradora, ya que se les condenó a ir sin ni un centavo en la bolsa cuando partieron al oeste, muchísimos de ellos murieron, los sobrevivientes se asentaron en Oklahoma, donde actualmente siguen radicando.

Este caso dio tres principios sustanciales a la Corte:

  1. Casos similares deben ser tratados de forma similar.
  2. La importancia de la competencia de la Suprema Corte para invalidar leyes estatales que fueran inconsistentes en la Constitución, los tratados o leyes federales.
  3. La evidencia de que un presidente recurrió a su poder para minar la decisión de la Corte y para expulsar a los Cherokees de su territorio originario.

¿A qué figura se asemeja la deferencia técnica en México?

Se asemeja a la supletoriedad de leyes, entendida como la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones, es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico; implica un principio de economía e integración legislativa para evitar la reiteración de tales principios, por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

  • Que el ordenamiento que se pretende suplir lo admite expresamente y señale el estatuto supletorio.
  • Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate.
  • Que las normas en ese cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria
  • Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deferencia técnica no contravengan los pases esenciales del sistema legal de sustitución de la institución suplida.

En conclusión, la supletoriedad es la sustitución interpretativa de un ordenamiento jurídico por otro, en virtud de una antinomia, vacío o laguna en la ley en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes; encuentra su relación con la figura estadounidense de la deferencia técnica.

La deferencia técnica con la postura de una agencia administrativa involucra otorgarle poder para determinar el sentido de una ley, sin embargo, es el Congreso, quien, en primera instancia por ser depositario de la representatividad del pueblo, debe decidir cuánto poder le va a otorgar a las agencias, este poder será en función de los objetivos y del contexto de la ley, particularmente en cuestiones de mayor pericia por la experiencia comparativa.

Así mismo deberá cuidar el control constitucional a cargo de la Corte Suprema, puesto que como señala Iredell, puede abusar de su poder en un momento determinado, pero la transparencia de los procedimientos judiciales le permitirá al público en general, evaluar los méritos de una decisión judicial, esto aunado al deseo de los jueces de mantener su reputación y honor, lo que contrarresta anomalías democráticas y reviste su actuación a raya.

Fuentes de consulta

  • mo hacer funcionar nuestra democracia, Breyer Stephen, Fondo de Cultura Económica.
  • Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, pág. 305.

Autor: Jared Ceballos

Sangre azul y piel dorada, amante de la política y filantropía, estudiante en la Facultad de Derecho, fe vehemente en ésta como el mejor lugar donde se gesta un agente de cambio para nuestra sociedad.

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